Privatización: tras AySA, el Gobierno avanza con Belgrano Cargas y Enarsa

La adjudicación de AySA al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX por US$340,2 millones no cierra el proceso de privatización que impulsa la Casa Rosada. El Gobierno mantiene abiertos otros frentes en la Ley Bases: la concesión de los ferrocarriles de carga Belgrano, San Martín y Urquiza, la venta de activos de Enarsa y el futuro incierto de Intercargo, declarada desierta en junio.

El esquema de privatizaciones que arrancó con la Ley Bases en 2024 tiene en AySA su caso más resonante hasta ahora, pero no el único. Mientras el holding Rowing-Arcos-Transclor-PHX se queda con el 90% de las acciones de la empresa de agua y saneamiento, el Ejecutivo avanza en paralelo con otros tres expedientes: los ferrocarriles de carga, las centrales térmicas de Enarsa y la empresa de asistencia aeroportuaria Intercargo.

Cada proceso tiene su propio cronograma y sus propios actores. Algunos ya definieron ganador, como AySA; otros, como Belgrano Cargas, recién empiezan a mostrar quiénes podrían quedarse con la concesión. Intercargo, en cambio, quedó trabada luego de que la licitación no recibiera ninguna oferta.

Belgrano Cargas: la privatización ferroviaria con Grupo México en el radar

El Gobierno llamó a licitación para concesionar por 50 años las líneas de carga Belgrano, San Martín y Urquiza, bajo un esquema de acceso abierto que permite a los operadores privados acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La apuesta oficial es atraer capitales para modernizar una infraestructura que arrastra décadas de abandono.

El plan de obras proyectado ronda los US$800 millones e incluye renovación y duplicación de vías, rehabilitación de ramales fuera de servicio, renovación de puentes y alcantarillas, modernización del señalamiento, electrificación de tramos y desarrollo de nodos logísticos y puertos secos. El proceso despertó interés de jugadores del agro, la minería y operadores ferroviarios internacionales, entre ellos Grupo México, que manifestó disposición a invertir unos US$3.000 millones si sus proyectos pueden acogerse al RIGI y cuentan con garantías de estabilidad regulatoria. Según el cronograma oficial, las adjudicaciones finales se definirían entre abril y mayo de 2027.

Intercargo, la privatización que quedó trabada

En el sector aeronáutico, la historia es distinta. La licitación de Intercargo, con un precio base de US$45 millones, se declaró desierta a fines de junio porque no se presentó ninguna oferta, ni de inversores locales ni extranjeros. La Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó entonces dar por terminado ese proceso sin resultado.

La empresa, que presta servicios de asistencia en tierra a las aerolíneas, seguirá por ahora en manos del Estado. Durante la gestión de Javier Milei ya se autorizó a otras firmas a prestar el mismo servicio tras la desregulación del sector, lo que le quitó a Intercargo el monopolio que tenía. Los decretos 695/2024 y 198/2025 siguen vigentes y habilitan al Ministerio de Economía a buscar nuevos mecanismos para avanzar con la transformación o venta de la compañía más adelante.

Enarsa vende su participación en tres centrales térmicas

El Gobierno también autorizó la segunda etapa de privatización de Enarsa y llamó a licitación para transferir su participación accionaria en tres fideicomisos de generación eléctrica creados en la última década. Se trata de activos ligados al Fondo FONINVEMEM, que reunió inversión pública y privada para financiar centrales térmicas.

La venta incluye el 65,01% del capital de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. y el 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín S.A., ambos paquetes en manos de Enarsa. El caso de Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. es distinto: ahí la licitación se hará recién cuando se liquide el fideicomiso correspondiente y Enarsa se incorpore formalmente como accionista, un trámite con plazo de extinción fijado para el 30 de septiembre de 2026. El resto del capital de estas sociedades sigue en poder de generadoras privadas del Mercado Eléctrico Mayorista.

Quiénes están detrás del consorcio que se queda con AySA

El caso de AySA ya definió ganador y los nombres propios explican buena parte del interés que despertó la operación. Rowing, la empresa que encabeza el consorcio, es una firma argentina de ingeniería y construcción con experiencia previa como prestadora del sector público, y pertenece al empresario Walter Román, cuya familia tiene vínculos con el oficialismo y que aportó $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza.

El consorcio incluye además a Transclor, la compañía de Mauricio Filiberti que provee en forma exclusiva el policloruro de aluminio usado para potabilizar agua, el insumo más relevante que consume AySA. Filiberti es, a su vez, socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en el control accionario de Edenor, la distribuidora eléctrica que tiene a AySA como uno de sus principales clientes. Esa trama de participaciones cruzadas conecta varios de los nombres que vienen apareciendo en el proceso de privatizaciones del último año.

Qué sigue en el plan de privatizaciones del Gobierno

Con AySA adjudicada, el foco pasa a los tres procesos que siguen abiertos. Entre los próximos hitos del cronograma oficial aparecen:

• Definición de ofertas y avance de obras en Belgrano Cargas, con adjudicación proyectada para abril o mayo de 2027

• Revisión del esquema de venta o transformación de Intercargo tras la licitación desierta

• Licitación de los paquetes accionarios de TMB S.A. y TSM S.A. dentro de Enarsa

• Liquidación del fideicomiso de CTGB S.A., con plazo límite al 30 de septiembre de 2026

El Ejecutivo sostiene que estos procesos responden a los lineamientos fijados en la Ley Bases de 2024, que habilitó el traspaso de varias empresas públicas a manos privadas. El resultado dispar entre AySA, con oferta ganadora, e Intercargo, sin ninguna propuesta, muestra que el apetito del mercado no es uniforme entre los distintos sectores incluidos en el plan.