Empleo público: Milei eliminó 77.515 puestos estatales desde 2023

El achicamiento del empleo público impulsado por Javier Milei llegó a 77.515 puestos menos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, según datos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La cifra incluye administración centralizada, descentralizada, empresas estatales y personal de seguridad, y se suma ahora un nuevo régimen de retiro voluntario que podría profundizar la reducción.

El recorte de personal en el Estado nacional no se detuvo en ningún tramo de la gestión libertaria. Según el ministro Federico Sturzenegger, la administración pública nacional tenía 77.515 puestos menos en agosto de 2026 que en diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei. El dato surge de comparar la dotación total contra la de ese mes de referencia, e incluye tanto bajas por retiros y renuncias como el cierre de vacantes que no volvieron a cubrirse.

La cifra no representa despidos concentrados en un solo momento, sino el saldo acumulado entre altas y bajas a lo largo de 32 meses. Abarca la administración centralizada y descentralizada, las empresas con participación estatal y el personal militar y de seguridad. Estas cuatro categorías conforman el universo que mide el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para seguir la evolución del empleo público bajo la actual gestión.

La evolución del empleo público mes a mes

La serie oficial arrancó en enero de 2024 con 7.299 cargos menos respecto de diciembre de 2023. Desde ahí, la curva no paró de crecer: 15.799 puestos de diferencia en abril, más de 24.000 en junio y 37.356 al cierre de ese primer año de gobierno.

Durante 2025 la tendencia se sostuvo. El acumulado rondaba los 45.015 cargos menos en marzo, cruzó la barrera de los 50.000 en mayo y terminó diciembre en 61.657. Ya en 2026, el recorte pasó de 64.842 puestos en enero a 77.515 al finalizar agosto, el último dato disponible hasta ahora.

Qué áreas explican la mayor parte de la baja

Dentro de ese total, la administración centralizada y descentralizada concentra la mayor parte de la reducción. Las empresas estatales también aportan una porción relevante del descenso, mientras que el personal militar y de seguridad tiene una incidencia menor en el cálculo general.

La administración centralizada agrupa ministerios, secretarías y dependencias que responden de manera directa al Poder Ejecutivo. La descentralizada, en cambio, reúne organismos con autonomía administrativa y funciones específicas. Las empresas estatales son sociedades bajo control público, y el segmento de seguridad y defensa incluye a las fuerzas y al personal militar.

Un nuevo régimen de retiro voluntario para sumar bajas

Con esos números como antecedente, el Gobierno formalizó el 19 de octubre un nuevo Régimen de Retiro Voluntario mediante el Decreto 1203/2026, firmado por Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y Sturzenegger. El programa alcanza a la planta permanente de la Ley de Empleo Público y a quienes tienen contratos por tiempo indeterminado dentro de la administración centralizada.

La inscripción está abierta entre el 1 y el 30 de noviembre, con la posibilidad de una prórroga única de hasta 30 días. Sturzenegger precisó que unos 20.000 agentes están en condiciones de adherirse si lo desean, aunque esa cifra no funciona como meta obligatoria de salidas ni anticipa cuántas solicitudes terminarán aprobadas.

Cómo se aprueban los pedidos y qué pasa con el cargo

Cada jurisdicción deberá evaluar las solicitudes que reciba y podrá rechazarlas si considera que la salida del trabajador afecta la prestación de servicios. Los organismos cuentan con 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para expedirse; si no hay una respuesta expresa, el pedido se da por rechazado de manera automática.

Un punto central del decreto es que la adhesión aprobada implica el cese de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario correspondiente. El mecanismo no se limita entonces a una compensación económica para quien se va: apunta a que esa vacante no quede disponible dentro de la estructura del organismo.

Compensaciones y exclusiones del régimen

Los montos varían según edad, antigüedad y aportes previsionales de cada agente. Quienes están cerca de la edad jubilatoria sin completar los años de aportes necesarios pueden percibir el 60 % de la remuneración bruta durante un máximo de 36 meses, o hasta reunir los requisitos para jubilarse. También hay pagos únicos vinculados con la antigüedad, y en otros casos la gratificación puede incluir un sueldo bruto por cada año de servicio, con topes según el tiempo en planta.

Quedan excluidos quienes ya cumplen las condiciones para jubilarse, los que iniciaron ese trámite o tienen una renuncia pendiente de aceptación. Tampoco pueden adherirse agentes con sumarios por determinadas faltas ni quienes mantengan reclamos administrativos o judiciales contra el Estado sin desistir de esas acciones, salvo los basados en la Ley de Riesgos del Trabajo.

Los sectores que quedan fuera del plan

El retiro voluntario se concentra solo en la administración nacional centralizada. Por eso no alcanza a las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, el Servicio Exterior, el área de inteligencia ni los organismos descentralizados, aunque esos sectores sí integran la serie de empleo público acumulado hasta agosto.

El decreto además prohíbe el reingreso al Sector Público Nacional durante ocho años para quien acepte el retiro, con algunas excepciones previstas. La idea es evitar que una salida indemnizada termine en una nueva contratación estatal poco tiempo después. Los efectos reales del programa, de todos modos, recién podrán medirse cuando se conozcan las adhesiones aprobadas, ya que la inscripción arranca en noviembre y los datos de agosto no incluyen todavía ese proceso.