Presupuesto universitario 2027: Diputados debate los fondos para las casas de estudio

El Gobierno expone este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados su propuesta de presupuesto universitario 2027, en medio de una fuerte disputa con las casas de estudio por el cumplimiento de la ley de financiamiento. El debate llega después de la masiva marcha al Congreso que terminó con graves incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, retoma este martes desde las 10 el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2027. Participan el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ambos del Ministerio de Capital Humano, que deberán defender la política universitaria del Gobierno frente a los bloques opositores.

El encuentro se da apenas días después de la quinta Marcha Federal Universitaria, que terminó con serios incidentes entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad frente al Congreso. La protesta reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que el oficialismo considera inaplicable por falta de fondos asignados.

El núcleo del conflicto por el presupuesto universitario

El proyecto del Poder Ejecutivo prevé transferencias por $7,7 billones para las universidades nacionales en 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones, según la planilla que elevó a la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Esa diferencia es el eje central de la discusión que se da este martes en el plenario.

Según el planteo universitario, el presupuesto de 2026 ya resulta un 25,3% inferior, en términos reales, al de 2023, y los salarios docentes están un 24,2% por debajo de los niveles de ese año. Para cumplir con la ley vigente, el Gobierno debería otorgar un aumento del 32% sobre los haberes de septiembre.

La defensa oficial del presupuesto 2027

Álvarez sostuvo en varios mensajes en redes sociales que el Congreso "votaron una ley que asigna fondos por fuera de la Ley de Administración Financiera", por lo que resulta aplicable el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria. Esa norma establece que toda ley que disponga gastos debe prever su financiamiento, caso contrario queda suspendida hasta que se incluyan las partidas correspondientes.

El funcionario remarcó que el Poder Ejecutivo "cumplió con la ley" al promulgar y suspender la ejecución de la norma votada sin fondos asignados, y que también acató la medida cautelar dictada por la Justicia. "Al día de hoy, la causa se encuentra apelada ante la Cámara y, por tanto, actuamos plenamente a derecho", afirmó.

Qué reclama la oposición en el debate

El diputado de Encuentro Federal Miguel Pichetto remarcó que financiar la educación "es una política de Estado que debe sostenerse a través de los gobiernos y las generaciones" y exigió garantizar el presupuesto universitario y la gratuidad en todo el país. El socialista Esteban Paulón fue más directo: "En democracia las leyes se cumplen. Cumplan con las universidades".

Desde La Libertad Avanza, la diputada jujeña Bárbara Andreussi respondió defendiendo la universidad pública gratuita pero cuestionando el uso de los recursos. Según la legisladora, hay rectores que cobran hasta $18 millones y universidades como la UNA que gastan $423 millones por graduado, con bajas tasas de egreso.

El respaldo de los bloques dialoguistas y la UCR

Desde Argentina Federal, el bloque que conduce Oscar Herrera Ahuad y responde a los gobernadores Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, el diputado misionero Alberto Arrúa presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo incorpore al Presupuesto 2027 los fondos para cumplir con la ley de financiamiento universitario y la recomposición salarial docente.

La conducción nacional de la UCR, encabezada por Leonel Chiarella, respaldó el proyecto de presupuesto universitario presentado por el CIN tras una reunión con legisladores y representantes de los Rectores Reformistas. El radicalismo exhortó a diputados y senadores a defender los recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.

Qué otras partidas educativas define el presupuesto 2027

Más allá del financiamiento universitario, el proyecto total para Educación en 2027 asciende a $9,8 billones, con recortes en varios programas clave. Entre las áreas afectadas figuran:

• Las becas Progresar

• La asistencia a comedores escolares

• Los programas de Educación Sexual Integral (ESI)

• La infraestructura escolar

• La formación docente

El único programa con un crecimiento fuerte es el Plan Nacional de Alfabetización, al que se destinarán $773.000 millones. El proyecto mantiene además el reparto automático de recursos educativos hacia provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios para gastos ligados estrictamente a la función educación.

Condiciones adicionales para las universidades nacionales

El texto obliga a las universidades nacionales a presentar ante el Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos transferidos. En caso de incumplimiento, habilita a interrumpir las transferencias, una herramienta de control que genera resistencia entre las casas de estudio.

También establece que los presupuestos aprobados deberán indicar la clasificación funcional de educación y cultura, salud y ciencia, tecnología e innovación en cada cuenta de inversión. Los aumentos salariales de 2027 se aplicarán sobre las plantas docentes y no docentes vigentes a la liquidación de noviembre de 2026, salvo los incrementos que apruebe el Ministerio de Capital Humano.

El marco general del Presupuesto 2027

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre y contempla un crecimiento del PBI del 4%, una inflación interanual del 18% y un dólar proyectado en $1.847,60 para diciembre de 2027. Esas proyecciones económicas marcan el contexto en el que se negocia cada partida, incluida la universitaria.

El debate continuará en las próximas semanas en comisión antes de llegar al recinto, con la presión de los bloques opositores y de las organizaciones universitarias, que ya anticiparon nuevas movilizaciones si no se garantizan los fondos reclamados.