Régimen Penal Juvenil: el Gobierno creó el programa que coordinará su aplicación

El Gobierno nacional puso en marcha una estructura específica para aplicar el Régimen Penal Juvenil en todo el país. A través de la Resolución 484/2026, el Ministerio de Justicia creó un programa que coordinará el trabajo de supervisores, la atención a víctimas y la capacitación de operadores judiciales en el marco de la Ley 27.801.

El Ministerio de Justicia de la Nación dio un paso concreto en la aplicación del Régimen Penal Juvenil. Mediante la Resolución 484/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, se creó el Programa de implementación del Régimen Penal Juvenil, que funcionará dentro de la Dirección de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal.

La norma lleva la firma del ministro Juan Bautista Mahiques y designó como coordinadora, con carácter ad honorem, a la asesora Débora Eliana Di Girolamo. La resolución entrará en vigencia este sábado 26 de septiembre, un día después de su publicación oficial.

Qué objetivos tiene el nuevo Régimen Penal Juvenil

El texto oficial detalla siete objetivos centrales para el programa, entre los que se destacan la implementación integral de la norma en el ámbito nacional ordinario y federal, y el desarrollo de intervenciones basadas en evidencia para reducir la reincidencia delictiva juvenil.

También se propone garantizar la centralidad de las víctimas en el proceso penal, fortalecer la articulación entre distintos organismos y jurisdicciones, y diseñar un sistema de información estadística que permita evaluar resultados de política criminal. La resolución también prevé la formación especializada de los operadores del sistema de justicia penal juvenil.

Supervisores del Régimen Penal Juvenil: rol y funciones

Uno de los ejes centrales del programa es la gestión del cuerpo de supervisores, encargados del seguimiento de los adolescentes durante el proceso judicial. Junto con la resolución, el Ministerio aprobó el Reglamento del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil y el Manual del Supervisor Juvenil, que fijan pautas de trabajo homogéneas.

El programa deberá impulsar la convocatoria pública, inscripción, evaluación, selección y capacitación de estos profesionales. Además intervendrá en la disponibilidad, evaluación de desempeño, suplencia, suspensión y baja de los supervisores, así como en su régimen de honorarios. Entre sus tareas, los supervisores deberán:

• Realizar el seguimiento de los adolescentes durante el proceso y su eventual detención

• Mantener entrevistas periódicas con cada joven

• Elaborar informes sobre su evolución

• Trabajar de manera articulada con otros profesionales que intervengan en cada caso

Atención integral a las víctimas en el proceso penal juvenil

La resolución también pone el foco en la protección de las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por la Ley 27.801. Para eso, el programa deberá coordinar acciones con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y desplegar mecanismos de asistencia, contención y resguardo de derechos.

Se contemplan además vías de derivación institucional para facilitar el acceso a servicios de acompañamiento y al patrocinio jurídico gratuito en los procesos más complejos. Junto con la creación del programa, el Ministerio aprobó las Normas sobre Asistencia Integral a las Víctimas, incorporadas como anexo de la resolución.

Capacitación, articulación federal y control de reincidencia

El programa tendrá a su cargo actividades de formación destinadas a magistrados, funcionarios y otros operadores que trabajen en la justicia nacional ordinaria y federal. También brindará apoyo técnico al Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, en articulación con áreas de seguridad, protección de niños y adolescentes, salud, educación y trabajo.

A nivel provincial, se prevé asistencia técnica a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un ámbito para promover convenios entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que permitan armonizar criterios procesales, intercambiar información y formular recomendaciones no vinculantes. El programa deberá coordinar también con el Registro Nacional de Reincidencia una sección especial para adolescentes alcanzados por la ley, con protocolos de acceso autorizado y confidencialidad de la información.

Un organismo paralelo para ciberdelitos

El mismo día, el Ministerio de Justicia oficializó, mediante la Resolución 483/2026, la creación del Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), dentro de la misma Subsecretaría de Política Criminal. Quedó a cargo del asesor Mariano Tomás Rivas, también con carácter ad honorem.

El PRONACIB podrá conformar mesas interinstitucionales con organismos públicos y privados vinculados a sus objetivos. Aunque se trata de una iniciativa distinta al Régimen Penal Juvenil, ambas resoluciones se enmarcan en la misma reorganización de la política criminal del Ministerio y fueron publicadas de forma simultánea en el Boletín Oficial.