Caso $LIBRA: dos ONG piden anular los sobreseimientos de Milei

Dos organizaciones no gubernamentales que actúan como amicus curiae en el caso $LIBRA pidieron al fiscal general José Agüero Iturbe que impulse la nulidad de los sobreseimientos dictados a favor del presidente Javier Milei y otros diez imputados, tras denunciar que se omitieron garantías procesales que protegen a las víctimas.

El reclamo de Inecip y Cipce en el caso $LIBRA

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) presentaron un escrito ante el fiscal general José Agüero Iturbe para que impulse la nulidad de la resolución del 23 de octubre, que desvinculó del expediente a Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros nueve investigados por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA.

El pedido llega después de que las mismas organizaciones reclamaran la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para frenar el cierre definitivo de la causa. Las entidades están representadas por los abogados Julián Alfie y Pedro Biscay, y remitieron copia de la presentación al procurador general Eduardo Casal.

Qué irregularidades denuncian en el caso $LIBRA

Según Inecip y Cipce, el fiscal Eduardo Taiano presentó su dictamen a favor de los sobreseimientos el 22 de octubre, y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo convalidó al día siguiente, el 23 de octubre. Las ONG sostienen que ese trámite se cumplió sin notificar previamente a las querellas ni a las organizaciones que participan como amicus curiae.

Las querellas, cuya exclusión del expediente está recurrida ante la Cámara Federal de Casación Penal, tampoco pudieron expresar su posición antes de que Taiano se pronunciara por el cierre de la causa, de acuerdo con el escrito presentado. Para Alfie y Biscay, esa omisión configuró un vicio de procedimiento que amerita la intervención del fiscal de cámara.

La resolución 41/23 de la PGN y el derecho a revisión

El planteo se apoya en la resolución 41/23 de la Procuración General de la Nación (PGN), que establece un mecanismo para que las víctimas de un delito puedan pedir que un fiscal superior revise la decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal de solicitar un sobreseimiento. Esa normativa prevé un plazo de diez días para que las víctimas manifiesten su oposición fundada antes de que la decisión quede firme.

Inecip y Cipce argumentan que ese mecanismo no se cumplió en el caso $LIBRA y que la resolución de la PGN "no constituye una mera formalidad", sino una garantía para evitar que un sobreseimiento quede firme sin posibilidad de cuestionamiento. Las organizaciones también invocaron el inciso k del artículo 5 de la ley 27.372, de derechos y garantías de las víctimas de delitos, y el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal.

Control de convencionalidad y daño institucional

En su presentación, las ONG pidieron además que se ejerza el control de convencionalidad sobre las decisiones adoptadas en el expediente, es decir, que se evalúe su compatibilidad con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos. Citaron el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referido a la protección judicial efectiva, y antecedentes de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

Entre esos antecedentes mencionaron un fallo que anuló una decisión judicial adoptada después de que un fiscal pidiera desestimar una denuncia sin notificar al damnificado. Inecip y Cipce también sostuvieron que la ciudadanía puede considerarse víctima de la corrupción institucional por el daño que ese tipo de delitos genera al funcionamiento del Estado y a las oportunidades que este debe garantizar.

Qué puede pasar ahora en el caso $LIBRA

Las organizaciones remarcaron que el análisis de una presunta trama de corrupción requiere evaluar el conjunto de pruebas indiciarias y sus conexiones, en lugar de examinar cada elemento por separado. Según su escrito, el expediente del caso $LIBRA todavía contenía cuestiones pendientes de profundizar antes de resolver un cierre definitivo.

El planteo quedó ahora en manos de Agüero Iturbe, quien deberá decidir si impulsa la nulidad de la resolución del 23 de octubre dentro de sus atribuciones como fiscal general ante la Cámara Federal porteña. Mientras tanto, la exclusión de las querellas del expediente sigue bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.