Ley de Financiamiento Universitario: la Justicia frenó decreto de Milei

Un juzgado federal declaró inconstitucional el tramo del Decreto 759/2025 con el que el Gobierno de Javier Milei había frenado la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo, firmado por el juez Martín Cormick, ordena aplicar de inmediato la norma y garantizar los fondos para salarios docentes, becas y funcionamiento de las universidades nacionales.

La Justicia ordena aplicar el financiamiento universitario

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el tramo del Decreto 759/2025 que había condicionado la ejecución de la Ley 27.795, conocida como Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La resolución lleva la firma del juez Martín Cormick y obliga al Poder Ejecutivo a dictar de manera inmediata las normas necesarias para poner en marcha la ley.

El conflicto se arrastra desde que el Congreso aprobó la norma y ratificó su vigencia tras el rechazo al veto presidencial del año pasado. El Gobierno promulgó formalmente la ley pero nunca la aplicó, con el argumento de que faltaban partidas presupuestarias específicas para financiarla, algo que para la Justicia funcionó como un veto encubierto.

Los argumentos de Cormick contra el decreto

Según el fallo, el Decreto 759/2025 había atado la aplicación de la ley al artículo 5 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda norma que disponga gastos prevea expresamente su fuente de financiamiento. El Ejecutivo sostenía que, al no estar definidas esas partidas, la ejecución quedaba en suspenso hasta su incorporación al presupuesto.

Cormick rechazó ese planteo y calificó la maniobra como un mecanismo extraconstitucional, una forma de veto que la Constitución no contempla. El magistrado remarcó que el propio artículo 9 de la Ley 27.795 le daba al Poder Ejecutivo las herramientas necesarias para reasignar créditos presupuestarios y cumplir con la norma sin necesidad de nuevas partidas.

El rol de la UBA y el CIN en el reclamo judicial

La causa se originó a partir de presentaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), distintas universidades nacionales, gremios docentes y una presentación propia de la Universidad de Buenos Aires. Todos cuestionaron la validez del decreto y reclamaron la aplicación efectiva de la ley de financiamiento universitario ante el fuero Contencioso Administrativo Federal.

No es la primera vez que la Justicia falla a favor de ese reclamo. En septiembre, Cormick ya había hecho lugar a una cautelar presentada por la UBA y había ordenado al Ejecutivo cumplir con distintos artículos de la ley vinculados a funcionamiento, becas, investigación y recomposición salarial. Esa cautelar fue luego ratificada por la Corte Suprema.

Salarios docentes y becas, en el centro del conflicto

Uno de los puntos centrales de la Ley 27.795 es la actualización de los recursos destinados a salarios docentes y becas estudiantiles. Según estimaciones del propio sistema universitario, la aplicación plena de la norma implicaría una recomposición salarial cercana al 33% para los trabajadores de las universidades nacionales.

La sentencia intima al Gobierno a garantizar de manera inmediata esos fondos, además de los destinados a gastos de funcionamiento. Cormick sostuvo que el deterioro de los ingresos del sector universitario afecta tanto a los trabajadores como al desarrollo de sus tareas, con consecuencias directas sobre el derecho a enseñar y aprender.

El costo fiscal y el futuro del financiamiento universitario

El fallo también analiza el impacto presupuestario de la norma. Tomó como referencia una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que calculó que el costo de aplicar la Ley 27.795 durante 2025 representaría alrededor del 0,23% del PBI. Para el magistrado, ese dato debía pesar en la evaluación del interés público comprometido en la disputa.

La resolución corresponde a primera instancia, por lo que el Gobierno todavía puede apelar ante instancias superiores. Mientras tanto, el fallo refuerza una serie de decisiones judiciales que, desde distintos juzgados, vienen cuestionando la estrategia del Ejecutivo de frenar por vía de decreto leyes aprobadas por el Congreso, algo que también ocurrió con la Emergencia en Discapacidad.