Ley de Tierras: la Corte aclara que no fijó postura sobre la norma

La Corte Suprema salió a despejar dudas sobre el alcance de su último fallo vinculado con la Ley de Tierras. Mediante un comunicado, el tribunal explicó que la sentencia en la causa Cecim contra el Gobierno Nacional resolvió solo un aspecto procesal y que todavía no existe una posición oficial sobre la constitucionalidad del régimen que regula la propiedad rural.

La Corte Suprema de Justicia difundió un comunicado para frenar la controversia que generó su fallo más reciente sobre tierras rurales. El tribunal explicó que la sentencia en la causa "Cecim c. el Gobierno Nacional" no resolvió el debate de fondo sobre la Ley de Tierras, sino apenas una cuestión procesal: si una asociación civil tenía legitimación para pedir una medida cautelar. Según el máximo tribunal, esa decisión no cierra la puerta a que otros actores sigan reclamando por la misma vía.

El comunicado llegó después de que distintos sectores políticos y sociales cuestionaran el fallo, interpretándolo como un espaldarazo a la flexibilización del régimen de tierras. La Corte salió a corregir esa lectura y remarcó que no hay, hasta el momento, una posición del tribunal ni de sus ministros sobre la vigencia o constitucionalidad de la norma.

El alcance real del fallo sobre la Ley de Tierras

Según precisó el tribunal, la resolución se ajusta a precedentes ya existentes sobre legitimación activa en medidas cautelares y no debe leerse como un pronunciamiento sobre el contenido de la Ley de Tierras Rurales. El fallo tampoco afecta otras medidas cautelares con el mismo objeto que siguen en trámite ante distintos juzgados del país.

La Corte fue explícita en un punto: cualquier persona que considere inconstitucional el régimen vigente puede presentarse ante la justicia y solicitar una cautelar. Será cada juez competente quien decida si esa medida procede o no, caso por caso.

Críticas políticas y la respuesta del tribunal

El fallo original desató reacciones de dirigentes y organizaciones que veían en la decisión una señal a favor de modificar el esquema de restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. Esas críticas se multiplicaron en redes sociales, con cuestionamientos directos a los jueces.

El tribunal respondió sin eludir el tema: dijo que las críticas a sus decisiones forman parte normal del debate democrático, pero advirtió que las descalificaciones y los discursos de odio deterioran a las instituciones. Según planteó, las diferencias deben discutirse dentro de los canales institucionales, no a través de agravios.

Qué pasa con el DNU 70/2023 y el Congreso

Uno de los puntos más sensibles del comunicado fue la referencia al artículo 154 del DNU 70/2023, la norma que impulsó el Gobierno para modificar el régimen de tierras rurales. La Corte aclaró que su fallo no interfiere de ninguna manera con el tratamiento legislativo de ese artículo, que sigue su propio curso en el Congreso.

El tribunal recordó que el decreto fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, aunque el capítulo específico vinculado a la Ley de Tierras continúa bajo análisis en la Cámara de Diputados. Es decir, la discusión legislativa sigue abierta y en paralelo a cualquier proceso judicial.

La defensa de la Corte en materia ambiental

En su comunicado, el máximo tribunal también defendió su historial en causas vinculadas con recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos. Buscó despegar la imagen de la Corte de cualquier sospecha de favorecer intereses privados por sobre el interés público en el uso de la tierra.

La Ley 26.737, sancionada en 2011 y conocida justamente como Ley de Tierras Rurales, establece límites a la extranjerización del suelo agrícola argentino. Su eventual modificación mediante el DNU 70/2023 es el centro de la disputa que, según insistió la Corte, todavía no llegó a sus manos para una resolución de fondo.

Lo que viene para la Ley de Tierras

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz y Ricardo Lorenzetti cerraron el comunicado con una definición clara sobre los tiempos judiciales: la Corte se pronunciará sobre la Ley de Tierras recién cuando los reclamos vinculados a esa norma lleguen formalmente a su consideración, a través de los recursos correspondientes.

Hasta entonces, el futuro del régimen de tierras rurales depende de dos frentes que avanzan en paralelo: el debate legislativo en Diputados sobre el artículo 154 del DNU, y los distintos expedientes judiciales que empiezan a tramitarse en tribunales inferiores a partir de las cautelares que distintos actores ya presentaron o planean presentar.