Malvinas: el Gobierno negocia con diputados para aprobar la ley de soberanía

El Gobierno aceleró las negociaciones con diputados de distintos bloques para destrabar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas. Este lunes se reunieron con legisladores del PRO, el MID y el PJ, mientras se espera el plenario del próximo 27 de octubre que definirá si la iniciativa consigue dictamen antes de que se agote el calendario parlamentario.

El oficialismo apuesta a destrabar en los próximos días una de las iniciativas que el Gobierno de Javier Milei considera prioritarias. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, de la reunión participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y diputados nacionales del PRO, el MID y el Partido Justicialista.

El encuentro buscó sumar apoyos de cara al plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, reprogramado para el martes 27 de octubre a las 16 horas. Ahí se definirá si el oficialismo logra el dictamen necesario para llevar el proyecto sobre Malvinas al recinto.

Un calendario legislativo contra las cuerdas

Incluso si el Gobierno consigue dictamen favorable, son pocos los que confían en que la Cámara de Diputados pueda sesionar el miércoles 28 de octubre, la última fecha disponible en el corto plazo. El motivo es que noviembre aparece completamente copado por otras prioridades.

La discusión del Presupuesto 2026 dominará buena parte de la agenda parlamentaria del mes próximo, lo que deja un margen muy reducido para incorporar otros temas. A eso se suman los feriados vinculados a la visita del Papa León XIV y las elecciones de medio término en Estados Unidos, que también complican la organización de sesiones.

El respaldo discursivo del Gobierno a la ley de Malvinas

Tras la reunión, Ravier expresó en sus redes sociales su expectativa de lograr "dictamen favorable" la semana próxima para avanzar "lo antes posible" con el tratamiento en el recinto. El vocero presidencial sostuvo que la norma resulta necesaria para "ejercer presión" en la defensa de los derechos argentinos sobre el archipiélago.

Ravier calificó además a la iniciativa como una "prioridad" para la gestión libertaria, al definir la causa Malvinas como "sagrada para los argentinos". Según su planteo, ningún gobierno anterior hizo tanto como el actual para sostener el reclamo de soberanía.

Penas más duras y un nuevo registro de infractores

El proyecto de ley sobre Malvinas reemplaza la actual Ley 26.659 y endurece el esquema sancionatorio vigente. Prevé penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten o cooperen en la explotación no autorizada de recursos naturales en las islas y en los espacios marítimos circundantes.

A diferencia de la norma anterior, centrada en hidrocarburos, la nueva redacción amplía el alcance a cualquier recurso natural, renovable o no renovable. Entre sus herramientas se incluyen:

• Un registro público de infractores, con prohibición de contratar con el Estado y con particulares para quienes figuren inscriptos

• La inhabilitación para operar en la Argentina de las empresas o personas sancionadas

• La incorporación del juicio en ausencia para los delitos contemplados en la ley

Un Consejo de Seguridad Nacional con poder de intervención

La iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional presidido por Milei e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Este organismo coordinará las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, y también intervendrá en la protección de infraestructuras críticas.

Ante una amenaza grave e inminente, el Consejo podrá restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, limitar importaciones y exportaciones, y elevar derechos aduaneros de forma transitoria. Como último recurso, tras agotar un protocolo de actuación, el proyecto habilita el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles.

Nuevos delitos y restricciones al financiamiento externo

El texto prohíbe los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas. También tipifica como delito revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar con operaciones clandestinas de inteligencia y ejecutar, con financiamiento externo, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante desinformación masiva.

La norma redefine además las funciones de la Defensa Nacional, habilitando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas, estatales o no estatales. Con la incorporación del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas con quienes figuren inscriptos por vínculos con el terrorismo o su financiamiento.