Malvinas: el Gobierno endureció los controles para ingresar al RIGI

El Gobierno nacional endureció los requisitos que deben cumplir las empresas interesadas en sumarse al RIGI, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, en lo relacionado con vínculos comerciales o de origen ligados a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas. La medida busca reforzar los controles sobre quién puede acceder a los beneficios fiscales y aduaneros del esquema.

El RIGI fue creado por la Ley Bases, sancionada en 2024, como un esquema para atraer inversiones de gran escala con beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios por un período de hasta treinta años. Para acceder al régimen, los proyectos deben superar un piso de 200 millones de dólares de inversión, aunque en algunos sectores estratégicos ese umbral puede ser mayor. Desde su implementación, el esquema recibió la adhesión de varias provincias y despertó el interés de compañías de energía, minería y forestoindustria.

Ahora el Gobierno decidió profundizar el escrutinio sobre un aspecto puntual: los antecedentes de las empresas solicitantes en relación con las islas Malvinas y el Reino Unido. La disputa de soberanía, vigente desde la guerra de 1982, sigue siendo un punto sensible para la política exterior argentina, y el Estado busca evitar que compañías con vínculos comerciales o de bandera relacionados con la administración británica de las islas terminen beneficiándose de incentivos pensados para fortalecer la producción nacional.

Qué exige el RIGI en relación con Malvinas

La Ley Bases incluyó, desde su redacción original, una cláusula que impide el ingreso al régimen a empresas vinculadas con actividades de exploración, explotación o transporte de recursos naturales asociados a las islas Malvinas bajo administración británica. Esa disposición apunta especialmente a compañías pesqueras, petroleras o de logística que operen o hayan operado bajo licencias otorgadas por el gobierno de las islas.

Con el endurecimiento de los controles, el Estado argentino pide ahora información más detallada sobre la cadena de proveedores, socios y accionistas de las firmas que solicitan su ingreso al RIGI. El objetivo es verificar que ninguna estructura societaria permita, de manera indirecta, sortear la restricción original de la ley.

Impacto en las inversiones extranjeras

El sector privado sigue de cerca estas modificaciones, porque cualquier ajuste en los requisitos de acceso puede afectar los tiempos de aprobación de proyectos ya presentados. Las empresas con intereses en el sector energético, en particular las vinculadas a hidrocarburos offshore, deberán acreditar con mayor precisión que sus operaciones no involucran actividades relacionadas con las islas bajo ocupación británica.

Fuentes del sector energético señalan que el RIGI ya había generado consultas de compañías internacionales interesadas en proyectos de litio, gas natural licuado y minería. El nuevo nivel de control no cambia los beneficios impositivos del régimen, pero sí agrega un paso adicional en el proceso de evaluación que realiza la autoridad de aplicación antes de otorgar el certificado de adhesión.

La cuestión Malvinas en la agenda económica

La incorporación de este tipo de exigencias no es nueva en la normativa argentina, pero su aplicación estricta dentro de un régimen de estímulo a la inversión marca una señal política. El Gobierno busca dejar en claro que el crecimiento económico impulsado por el RIGI no puede desvincularse del reclamo histórico de soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur.

La medida se enmarca en una tradición de política exterior sostenida por sucesivas administraciones, que incluyen restricciones similares en materia de pesca, transporte marítimo y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental. El RIGI, al ser un instrumento pensado para atraer capitales de gran envergadura, quedó bajo la misma lógica de control.

Qué empresas podrían verse afectadas

Entre los sectores más atentos a esta actualización figuran las compañías de energía offshore, que operan en áreas cercanas a la plataforma continental argentina, y algunas firmas de logística marítima con presencia en el Atlántico Sur. También se incluyen empresas pesqueras que buscan financiar plantas de procesamiento o flotas bajo el paraguas del régimen.

El endurecimiento no implica un veto automático, sino un proceso de verificación más exhaustivo antes de otorgar la adhesión al RIGI. Las empresas deberán presentar documentación adicional sobre su estructura societaria y sus antecedentes operativos vinculados a la región en disputa.

Próximos pasos del régimen RIGI

El Ministerio de Economía y la autoridad de aplicación del RIGI todavía deben reglamentar en detalle los mecanismos de verificación que se sumarán al proceso de evaluación de proyectos. Se espera que en las próximas semanas se difundan precisiones sobre los plazos y la documentación exigida a las empresas que ya iniciaron trámites de adhesión.

Mientras tanto, el número de proyectos aprobados bajo el régimen continúa creciendo, con especial protagonismo del sector energético y minero, dos de los rubros que concentran la mayor parte de las inversiones comprometidas desde la puesta en marcha del esquema en 2024.