Endeudamiento familiar: la oposición presiona a Javier Milei en el Congreso
Más de 34 proyectos opositores buscan regular tasas y asistir a sobreendeudados mientras Milei rechaza intervenir en el problema.
El endeudamiento familiar se convirtió en uno de los ejes políticos más calientes del momento. Con más de 20 millones de personas endeudadas y un cuarto de ellas en mora, la oposición avanza con decenas de proyectos en el Congreso para regular tasas, billeteras virtuales y entidades no bancarias, mientras el Gobierno de Javier Milei se resiste a intervenir.
El endeudamiento familiar como eje político central
El crecimiento sostenido de la morosidad y el sobreendeudamiento de los hogares argentinos dejó de ser un dato estadístico para convertirse en un tema de agenda política de primer orden. Según datos que circulan en el Congreso, más de 20 millones de personas tienen deudas activas y al menos uno de cada cuatro se encuentra en situación de mora. Esa realidad impulsó una respuesta coordinada de la oposición, que acumula más de 34 proyectos legislativos para intentar dar una respuesta institucional al problema.
El tema ganó visibilidad pública en las últimas semanas a partir de declaraciones del presidente Javier Milei, quien descartó cualquier tipo de intervención estatal al calificar la situación como «un problema entre privados». Esa postura generó una reacción en cadena: gobernadores peronistas anunciaron medidas provinciales, la CGT marchó el jueves pasado reclamando regulación de tasas y los bloques opositores en la Cámara de Diputados aceleraron la presentación de iniciativas.
Más de 34 proyectos opositores para regular el crédito
La cantidad de iniciativas presentadas en el Congreso creció a un ritmo que sorprendió a los propios legisladores. «Sube como un taxímetro», graficó uno de los diputados involucrados en el intento de unificar los textos. Las propuestas apuntan a distintos frentes: regulación de billeteras virtuales y entidades no bancarias, límites a las tasas de interés y al costo financiero total, y mecanismos de alivio para quienes ya se encuentran en situación de sobreendeudamiento estructural.
Entre los proyectos más destacados figura el del diputado radical Pablo Juliano, que propone crear un procedimiento judicial de rehabilitación financiera para personas en situación de insolvencia. El texto también impone nuevas obligaciones a los proveedores de crédito: deberán garantizar información clara y comprensible sobre tasas, comisiones y costo financiero total, realizar una evaluación razonable de la capacidad de pago de cada usuario y abstenerse de utilizar el hostigamiento, las intimidaciones o el contacto con terceros como herramientas de cobranza.
Plataforma de la ANSES y reforma de la Ley de Quiebras
La diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley impulsa una plataforma digital para deudores y acreedores bajo la órbita de la ANSES. El sistema centralizaría las obligaciones y facilitaría su reestructuración, con un límite clave: la cuota mensual no podría superar el 33% de los ingresos del deudor. El organismo actuaría como intermediario para determinar esa capacidad de pago.
Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón presentó cuatro proyectos, uno de los cuales propone modificar la Ley de Concursos y Quiebras para habilitar a los jueces a reducir o eliminar intereses y, en casos extremos, disponer la nulidad parcial de un crédito. Estas iniciativas apuntan directamente a los sectores más vulnerables del sistema financiero, donde las tasas de interés de entidades no bancarias y billeteras virtuales pueden superar ampliamente los niveles del mercado bancario tradicional.
La estrategia opositora en la sesión del miércoles
En la sesión convocada para este miércoles en Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la llamada «inocencia fiscal bis», los bloques opositores planean presentar una moción para emplazar a las comisiones que tienen los proyectos de endeudamiento. Los propios impulsores reconocen que no cuentan con la mayoría especial necesaria para imponer el tema fuera del temario oficial, pero la maniobra tiene un objetivo político claro: medir fuerzas y exponer a los bloques aliados del Gobierno.
«Si llegamos a 129, el próximo paso va a ser pedir una sesión especial», fijaron como meta en referencia al número de votos necesario para alcanzar el quórum. La estrategia también incluye presionar a diputados de espacios provinciales cuyos gobernadores ya tomaron medidas propias contra el sobreendeudamiento, como los casos de Maximiliano Pullaro en Santa Fe, Rogelio Frigerio en Entre Ríos y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.
Milei rechaza intervenir y los gobernadores responden
La postura del Presidente fue contundente: «No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando», afirmó Milei, quien llegó a atribuir parte del endeudamiento a la compra de televisores para el Mundial. Esa declaración encendió la polémica y fue respondida con dureza por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien calificó la posición presidencial de «cínica, además de una falsedad absoluta y espantosa».
Kicillof anunció medidas desde los «ámbitos limitados» de la provincia de Buenos Aires y reclamó una «respuesta nacional», señalando que la potestad regulatoria sobre las instituciones de crédito corresponde al Estado nacional. En esa línea, la oposición cuestionó la derogación, mediante el DNU 70/23, de las disposiciones de la ley 25.065 que sancionaban las tasas abusivas y limitaban los intereses punitorios. Por su parte, el gobernador riojano Ricardo Quintela firmó un DNU provincial para crear un régimen de protección de usuarios de créditos de consumo, aclarando que no implica desconocer deudas sino intervenir ante situaciones de abuso o condiciones desproporcionadas.
Un escenario legislativo más favorable al oficialismo
A diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando la oposición logró imponer leyes sobre financiamiento universitario, emergencia pediátrica y discapacidad, e incluso revertir vetos presidenciales, el nuevo mapa legislativo tras el recambio de diciembre es más favorable al Gobierno. Desde entonces, ninguna iniciativa avanzó sin el respaldo oficial, y el endeudamiento familiar no parece ser la excepción.
Sin embargo, la resonancia social del tema y la presión política acumulada —con la CGT en las calles, gobernadores tomando medidas propias y decenas de proyectos legislativos en danza— mantienen vivo el debate. La oposición apuesta a que la visibilidad del problema obligue al oficialismo y sus aliados a dar explicaciones, aunque por ahora el Gobierno sostiene su posición: el endeudamiento es una cuestión entre privados y no requiere intervención del Estado.