Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: penas de hasta 20 años por Malvinas

El Gobierno envió al Congreso la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un proyecto nacido por la disputa con el Reino Unido y la explotación petrolera en Malvinas que terminó convertido en una reforma integral del sistema de seguridad argentino, con penas de hasta 20 años de prisión, un nuevo Consejo de Seguridad Nacional y el regreso del régimen de derribo.

La iniciativa llegó a Diputados el 17 de septiembre con la firma de Javier Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo. Su origen está en la cadena nacional del 3 de septiembre, cuando Milei anunció un cambio de estrategia frente a Malvinas y adelantó el envío urgente de una norma que endureciera las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación no autorizada de recursos en el Atlántico Sur.

En la redacción del articulado participaron el asesor presidencial Santiago Caputo, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y el canciller Pablo Quirno, además del ministro de Defensa Carlos Presti, que aportó los capítulos sobre Fuerzas Armadas. El texto reemplaza la Ley 26.659 y deja de limitarse a los hidrocarburos: alcanza a cualquier recurso natural, renovable o no, incluida la pesca.

Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: sanciones y penas por Malvinas

El primer título del proyecto reafirma el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y exige autorización estatal para cualquier aprovechamiento de recursos en esos territorios o en la Plataforma Continental. La responsabilidad ya no recae solo en la empresa operadora: también alcanza a socios, accionistas, controlantes y proveedores de servicios esenciales.

Las multas van de 4.000 a 500.000 barriles de petróleo, con inhabilitaciones de entre 5 y 20 años. En el plano penal, la prestación consciente de servicios para estas operaciones puede costar entre 5 y 7 años de cárcel; la prospección sin autorización, entre 12 y 15 años; la explotación de recursos no renovables, entre 12 y 20 años; y la extracción o transporte de hidrocarburos, entre 15 y 20 años, con multas que llegan a tres millones de barriles. El proyecto habilita además el juicio en ausencia para estos delitos.

Consejo de Seguridad Nacional: nuevas facultades del Presidente

El proyecto crea un Consejo de Seguridad Nacional presidido por Milei e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia y la secretaria de Legal y Técnica. El organismo definirá la Política de Seguridad Nacional y podrá exigir información a cualquier área del Estado nacional, provincial o municipal.

Entre sus herramientas económicas figura la posibilidad de bloquear activos, restringir operaciones cambiarias y elevar hasta un 75% los derechos de importación y exportación contra un Estado extranjero considerado una amenaza. La lógica tiene puntos de contacto con la Sección 232 de Estados Unidos, que Donald Trump usó para aplicar aranceles por razones de seguridad nacional, aunque el diseño argentino queda atado a una amenaza concreta evaluada por el propio Consejo.

El régimen de derribo y el control de buques

La norma reinstala un procedimiento de derribo para aeronaves declaradas hostiles, con una secuencia que va de la identificación y advertencia hasta el uso de la fuerza como último recurso, siempre con orden expresa del Presidente o del ministro de Defensa por delegación. Argentina ya tuvo un esquema similar: Mauricio Macri lo aprobó en 2016 con las Reglas de Protección Aeroespacial, y Alberto Fernández lo derogó en marzo de 2023 por considerarlo excesivamente punitivo.

Para buques se crea la categoría de Buque de Interés y se regula una secuencia de identificación, persecución, inspección y disparos de advertencia. El hundimiento queda reservado como medida militar extrema, requiere autorización presidencial expresa y el texto prohíbe usarlo como sanción, herramienta policial o mecanismo para impedir una fuga.

Infraestructura crítica e influencia extranjera

El proyecto redefine la Defensa Nacional para incluir amenazas externas estatales y no estatales, cinéticas y no cinéticas, y habilita a las Fuerzas Armadas a proteger infraestructura crítica como energía, comunicaciones y centros de datos. El Consejo deberá elaborar una Estrategia Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas, actualizable cada cinco años.

También se prohíbe el financiamiento de campañas por parte de extranjeros sin residencia permanente o personas jurídicas extranjeras. Se crean delitos con penas de entre 5 y 15 años para quien, financiado por un Estado u organización extranjera, busque alterar procesos electorales o manipular la opinión pública con desinformación coordinada, pena que sube a entre 8 y 15 años si hay sobornos o coerción. La transmisión de secretos a servicios de inteligencia extranjeros puede llegar a 20 años en contexto de conflicto armado.

Un mecanismo de salida y el RePET con rango legal

El Régimen de Desistimiento y Regularización permite que una empresa sancionada pida su incorporación si demuestra que cesó la actividad prohibida. Puede optar por pagar una multa o reconvertir sus inversiones hacia proyectos legales en territorio argentino, lo que puede derivar en la extinción de la acción penal, aunque el beneficio no aplica para reincidentes ni para quienes tengan sentencia firme.

El proyecto eleva a rango legal el RePET, el registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento, que funcionará dentro de la Unidad de Información Financiera. Los sujetos obligados por normas antilavado deberán inmovilizar de inmediato fondos vinculados con inscriptos en el registro, y se crea un delito de cinco a 15 años para quien brinde apoyo material a organizaciones terroristas o vinculadas con armas de destrucción masiva.