Malvinas: la Cancillería rechazó la guía británica y advirtió sanciones

La Cancillería argentina rechazó con dureza la guía publicada por el Reino Unido para respaldar negocios en las Islas Malvinas y advirtió que aplicará con rigor la legislación nacional a las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, en medio de la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion.

El documento británico, titulado "Doing business with the Falkland Islands", respalda las actividades económicas en el archipiélago —incluida la explotación de hidrocarburos— y sostiene que la legislación argentina no resulta aplicable en las islas. También ofrece asistencia a empresas que enfrenten presiones derivadas de las medidas adoptadas por Buenos Aires.

La Cancillería argentina respondió con un comunicado en el que expresó su "más enérgico rechazo" a la publicación y acusó al Reino Unido de promover actividades comerciales e hidrocarburíferas que el país considera ilegítimas en territorio bajo disputa de soberanía.

La posición argentina sobre Malvinas y su soberanía

El Gobierno reafirmó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, forman parte del territorio nacional y se encuentran "ilegítimamente ocupados" por el Reino Unido, según el texto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Londres, en cambio, sostiene oficialmente que el Gobierno de las Islas Malvinas es responsable de regular la actividad económica del archipiélago y respalda el desarrollo de sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en abierta contradicción con el reclamo argentino.

El proyecto Sea Lion y las protestas diplomáticas

La respuesta oficial se vincula directamente con los anuncios de Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum, de origen israelí, sobre el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, cerca del archipiélago.

Tras la llamada "Decisión Final de Inversión" de ambas compañías, la Argentina convocó a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregarles notas formales de protesta. En esos encuentros, el Gobierno cuestionó el avance de Sea Lion y "la totalidad de los actos conexos", entre ellos las licencias otorgadas de manera unilateral y los llamados para incorporar proveedores al desarrollo petrolero.

Malvinas: Argentina advierte que aplicará sus leyes con rigor

Uno de los ejes centrales del comunicado fue la advertencia a las empresas que participen, directa o indirectamente, de actividades hidrocarburíferas no autorizadas. La Cancillería recordó que, por decisión del presidente Javier Milei y mediante el Decreto 868/2026, se reforzó el marco legal para sancionar a empresas, inversores o proveedores vinculados con la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

El texto menciona específicamente las Leyes 26.659 y 26.915, que fijan mecanismos de sanción para quienes exploren o exploten hidrocarburos sin autorización argentina. "La legislación nacional se aplicará con todo su rigor", sostuvo el Gobierno, remarcando que ninguna guía extranjera ni decisión comercial privada puede ubicarse por encima del derecho nacional e internacional.

Ya son 180 las advertencias enviadas a empresas por Malvinas

El Gobierno detalló el alcance de las medidas adoptadas hasta el momento. Según el comunicado, la Cancillería envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas ubicadas en 30 países distintos.

A eso se suman 60 procedimientos administrativos iniciados y tres denuncias penales presentadas por el canciller Pablo Quirno, que alcanzan a unas 10 compañías y a sus directivos. La ofensiva se concentra especialmente en las firmas relacionadas con el desarrollo de Sea Lion, en el centro de la disputa entre Buenos Aires y Londres.

El cruce por la resolución de la ONU sobre Malvinas

La Cancillería también cuestionó las acciones británicas por considerar que vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras no exista una solución pacífica de la disputa de soberanía.

Para el Gobierno, el desarrollo de nuevas actividades hidrocarburíferas implica "efectos futuros potencialmente irreversibles", ya que podría comprometer recursos naturales no renovables que Argentina considera propios. El comunicado reiteró además la disposición a retomar un diálogo "constructivo y sustantivo" con el Reino Unido, en línea con la Resolución 2065 de la ONU.

Reino Unido respalda a las empresas que operan en las islas

La guía británica reconoce que empresas y particulares pueden recibir comunicaciones de las autoridades argentinas, pero sostiene que el país no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las islas ni a aplicar allí su legislación interna. También recomienda a las compañías que reciban amenazas o acciones legales obtener asesoramiento jurídico independiente.

El documento sostiene además que las medidas argentinas aplicadas en el pasado no impidieron, según la posición británica, el crecimiento económico del archipiélago. El comunicado de la Cancillería argentina cerró con una frase que resume la postura oficial: "Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas".