Sanciones por Malvinas: Milei inició acciones contra 45 personas y empresas petroleras por operar sin permiso

El Gobierno de Javier Milei puso en marcha este viernes procedimientos de sanciones en Malvinas contra 45 personas y empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina. La medida se apoya en la Ley 26.659 y llega un día después de la cadena nacional sobre soberanía en el archipiélago.

La Cancillería argentina confirmó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por actividades hidrocarburíferas no autorizadas en las Islas Malvinas. La decisión fue tomada por instrucción directa del presidente Javier Milei y se enmarca en la Ley N.° 26.659, que regula y penaliza este tipo de operaciones en territorio bajo disputa de soberanía.

Según el comunicado oficial de la Presidencia, los procedimientos apuntan a determinar violaciones al artículo 2° de esa normativa. El texto aclara que las sanciones no se limitarán a las compañías que llevan adelante los proyectos petroleros, sino que también alcanzarán a sus accionistas y a las empresas que les prestan servicios.

Qué dice la ley detrás de las sanciones en Malvinas

La Ley 26.659, sancionada en 2011, prohíbe y sanciona cualquier actividad de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina que no cuente con autorización del Estado nacional. La norma fue pensada específicamente para frenar los proyectos petroleros impulsados por el Reino Unido en aguas cercanas a Malvinas.

El comunicado de la Oficina del Presidente fue explícito sobre el alcance de la medida: "Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios", indicó el texto oficial.

La cadena nacional de Milei como antecedente inmediato

El anuncio llegó apenas 24 horas después de que Milei encabezara una cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas, en la que adelantó que su gobierno endurecería las herramientas disponibles frente al avance británico sobre los recursos naturales del archipiélago. En ese mensaje, el Presidente había anticipado mayor coordinación y celeridad en la aplicación de la Ley 26.659.

También impulsó una reforma legislativa para ampliar el alcance de las sanciones hacia proveedores y otros actores vinculados con las explotaciones, más allá de las petroleras que operan directamente en la zona. El anuncio de este viernes representa el primer paso concreto para trasladar esas definiciones al plano administrativo.

Reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas

Desde la Casa Rosada insistieron en el reclamo histórico argentino sobre el archipiélago. El comunicado remarcó que Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son territorio argentino, y cuestionó el avance del Reino Unido sobre los recursos naturales de la región.

El texto oficial fue tajante en ese punto: "La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas", sostuvo el Gobierno. La frase reproduce un reclamo que atraviesa a distintas administraciones, pero ahora aparece acompañada de una acción administrativa concreta contra las empresas.

Alcance de las sanciones en Malvinas y sus destinatarios

El procedimiento sancionatorio no se limita a las operadoras petroleras. Según el comunicado, la investigación busca alcanzar a distintos eslabones de la cadena que participa de la explotación hidrocarburífera en la plataforma continental disputada:

• Empresas que exploran o explotan hidrocarburos sin autorización argentina.

• Accionistas de esas compañías.

• Empresas prestadoras de servicios que faciliten esas operaciones.

El Gobierno advirtió que quienes busquen beneficios económicos vulnerando la legislación argentina "encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley", según indicó la Presidencia en su comunicado.

Qué sigue después del anuncio de sanciones

La administración de Milei busca ahora avanzar con la reforma legislativa anunciada en la cadena nacional, que apunta a endurecer las penas previstas por la Ley 26.659 y ampliar su alcance hacia proveedores y otros actores vinculados con las explotaciones no autorizadas. Ese proyecto todavía debe tratarse en el Congreso.

Con el inicio de estos 45 procedimientos, el Gobierno empieza a trasladar al plano administrativo las definiciones planteadas públicamente por el presidente. Resta ver cómo reaccionan las empresas señaladas y si el Reino Unido responde a esta escalada en el terreno de las sanciones económicas vinculadas a Malvinas.