Privatización de rutas: el Gobierno adjudicó 8 tramos por 20 años
El Ejecutivo formalizó la concesión de más de 3.900 km de rutas nacionales a empresas privadas por dos décadas, en el marco de la privatización de Corredores Viales.
El Gobierno nacional adjudicó ocho tramos de rutas nacionales a consorcios privados por un plazo de 20 años, en el marco de la privatización de Corredores Viales. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1379/2026 y firmada por el ministro Luis Caputo, abarca más de 3.900 kilómetros que atraviesan once provincias del país.
La privatización de Corredores Viales: qué dice la resolución oficial
La adjudicación quedó formalizada a través de la Resolución 1379/2026, publicada en el Boletín Oficial. El documento aprueba los resultados de la segunda etapa de la licitación pública correspondiente a la Red Federal de Concesiones – Etapa III, que habilita a empresas privadas a construir, explotar, administrar y mantener los corredores viales bajo el régimen de concesión por peaje.
El marco legal de esta privatización se apoya en la Ley Bases, que declaró a Corredores Viales como empresa «sujeta a privatización», y en el Decreto 97/2025, que autorizó el procedimiento para su traspaso total al sector privado bajo la modalidad de concesión de obra pública. Con esta operación, el Estado nacional se retira de la gestión directa de miles de kilómetros de infraestructura vial estratégica.
Más de 9.000 kilómetros concesionados en total
Los ocho corredores adjudicados en esta última etapa suman más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, lo que eleva el total concesionado entre todas las etapas licitadas a más de 9.000 kilómetros. Las provincias alcanzadas por esta fase son Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.
La magnitud del proceso convierte a esta licitación en una de las más importantes en materia de infraestructura vial de los últimos años en Argentina. El objetivo declarado por el Ejecutivo es delegar en el sector privado la gestión de nodos viales clave para mejorar el estado de las rutas, que acumulan quejas por falta de mantenimiento y condiciones de seguridad deterioradas.
Los ocho tramos adjudicados y sus tarifas de peaje
Cada corredor fue asignado a un consorcio diferente, con tarifas que varían según la extensión y complejidad del tramo. A continuación, el detalle de los adjudicatarios y los valores ofertados:
Tramo Centro: Afema S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A. | Tarifa: $1.399
Tramo Centro Norte: José Cartellone Construcciones Civiles S.A. | Tarifa: $2.175
Tramo Mesopotámico: IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U. | Tarifa: $3.564,99
Tramo Noroeste: Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L. | Tarifa: $2.285
Tramo Litoral: JCR S.A. – Néstor Julio Guerechet S.A. | Tarifa: $2.876,04
Tramo Noreste: Carlos e Enriquez S.A. – Hormi S.A. | Tarifa: $2.950
Tramo Chaco-Santa Fe: José Eleuterio Pitón S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A. | Tarifa: $3.520
Tramo Cuyo: Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A. | Tarifa: $3.090,2462
Las tarifas corresponden a los valores ofertados en la licitación y servirán como base para el cobro de peajes durante el período de concesión. El rango va desde los $1.399 del Tramo Centro hasta los $3.564,99 del Tramo Mesopotámico, lo que refleja diferencias significativas en la escala de cada corredor.
Ofertas rechazadas y régimen de incompatibilidades
No todas las propuestas presentadas fueron aceptadas. La Comisión Evaluadora declaró inadmisible la oferta del consorcio Lemiro Pablo Pietroboni S.A. – Merco Vial S.A. – Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste. Además, se desestimó la propuesta de CPC S.A., que había competido por la totalidad de los ocho tramos de la licitación.
El proceso también aplicó un régimen de incompatibilidades establecido en los pliegos generales, que limita la cantidad de tramos que un mismo oferente puede adjudicarse de forma individual. Esta restricción apunta a fomentar la competencia y evitar la concentración del mercado vial en pocas manos, un punto sensible en licitaciones de esta envergadura.
Privatización de rutas nacionales: qué implica para los usuarios
Bajo el esquema de concesión aprobado, las empresas adjudicatarias no solo deberán mantener y reparar las calzadas existentes, sino también ampliar la infraestructura vial y desarrollar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales. Esto puede incluir estaciones de servicio, áreas de descanso y otros servicios asociados a los corredores.
Para los usuarios, el cambio más visible será el cobro de peajes en tramos que actualmente pueden no tenerlos o que presentan tarifas distintas. El Gobierno sostiene que la gestión privada permitirá revertir el deterioro acumulado en la red vial nacional, aunque la efectividad de este modelo dependerá del cumplimiento de los contratos y de los mecanismos de control que el Estado mantenga sobre los concesionarios durante los próximos 20 años.
El contexto de la política vial del Gobierno de Milei
La privatización de Corredores Viales se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno de Javier Milei orientada a reducir el tamaño del Estado y transferir al sector privado la gestión de servicios e infraestructura. En ese marco, la Ley Bases habilitó la privatización de un conjunto de empresas públicas, entre las que Corredores Viales fue una de las primeras en avanzar concretamente hacia la transferencia.
El proceso generó debates en torno al destino de los fondos recaudados por peajes y al estado real de la infraestructura que recibirán los concesionarios. Voces del ámbito económico, como la del analista Adrián Ravier, salieron a defender la legalidad del proceso ante cuestionamientos públicos. Con más de 9.000 kilómetros ya adjudicados, el esquema de concesiones viales privadas quedó consolidado como uno de los pilares de la política de infraestructura de la actual administración.