Régimen Penal Juvenil: la Justicia lo suspendió y Bullrich cruzó a Kicillof

La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil apenas dos días después de su entrada en vigencia. La medida, dictada por la jueza Marta Elba Pascual, desató un fuerte cruce político: Patricia Bullrich acusó al gobernador Axel Kicillof de «ponerse del lado de los delincuentes» y el Gobierno nacional salió a respaldarla.

La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, resolvió este lunes suspender preventivamente por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio bonaerense. La decisión llegó apenas 48 horas después de que la Ley 27.801 entrara en vigencia y generó una reacción inmediata del oficialismo nacional.

Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza e impulsora de la norma, fue la primera en salir a cuestionar el fallo. «En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad», escribió en X. La exministra de Seguridad también calificó de «garantista» a la Justicia provincial y agregó: «Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga».

Por qué se frenó el Régimen Penal Juvenil en la Provincia

El fallo surgió a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de los adolescentes privados de libertad. La jueza Pascual no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley: su argumento central fue la falta de capacidad material del sistema bonaerense para absorber a los nuevos ingresos.

La Ley 27.801 redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, lo que permite procesar judicialmente a adolescentes de entre 14 y 16 años por delitos contemplados en el Código Penal. Para la magistrada, ese cambio puede derivar en un aumento considerable de la cantidad de jóvenes detenidos, tanto por nuevos ingresos como por una permanencia más prolongada dentro del sistema.

Los argumentos de la jueza y el principio precautorio

Pascual recordó que su propio juzgado ya había fijado un límite de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, por falta de condiciones mínimas de habitabilidad. Aunque reconoció mejoras recientes en agua potable, alimentación y estructura edilicia, consideró que el sistema todavía no alcanza el piso necesario para garantizar los estándares de derechos humanos de la niñez.

Para fundamentar la suspensión, la resolución apeló al llamado principio precautorio: sostiene que el Poder Judicial debe intervenir de manera anticipada cuando existen elementos que permitan prever una posible vulneración de derechos fundamentales, sin esperar a que el daño ya se haya producido. La jueza también advirtió que el hacinamiento tiene consecuencias sobre la seguridad pública, ya que incide en los niveles de violencia con los que los jóvenes podrían recuperar la libertad.

La respuesta del Gobierno nacional contra Kicillof

Además de Bullrich, el diputado Luis Petri calificó a la magistrada de «jueza kirchnerista» y sostuvo: «El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la Provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo. Aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla».

El diputado Sebastián Pareja fue más allá y definió la resolución como «profundamente antidemocrática». Remarcó que la norma «es una respuesta concreta para intentar elevar el costo de delinquir» y que no surgió de una decisión unilateral del Ejecutivo, sino de un trámite legislativo completo en el Congreso. El Ministerio de Capital Humano, en cambio, evitó pronunciarse sobre el fallo y se limitó a difundir una placa —replicada por el propio Javier Milei— con las conductas que la ley vuelve punibles desde los 14 años.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

La Ley 27.801 fue sancionada por el Senado en febrero y entró en vigencia el sábado pasado. El régimen prohíbe las condenas a prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, que debe cumplirse en centros especializados y sin contacto con adultos. También incorpora alternativas como:

• Reparación del daño

• Tareas comunitarias

• Restricciones de acercamiento

• Tobilleras electrónicas de monitoreo

A nivel nacional, el Gobierno reglamentó la norma mediante el Decreto 875/2026, firmado por Javier Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el jefe de Gabinete Diego Santilli. La reglamentación creó la figura del «supervisor especializado», un registro de profesionales de psicología, trabajo social y pedagogía, y dispuso un Comité Interministerial junto a una Mesa Federal para coordinar políticas con las provincias. El Congreso asignó una partida de $23.739.155.303,08 para poner en marcha el sistema.

El impacto que estimó la Justicia bonaerense

La Comisión del Fuero de Responsabilidad Juvenil del Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerenses estimó que la reforma podría provocar un incremento de entre 40% y 60% en las causas penales juveniles. Según datos de la Procuración bonaerense, durante 2025 se iniciaron 1.857 procesos penales juveniles en los que fueron imputados 1.828 menores, una base sobre la que se proyecta ese eventual crecimiento.

A partir de estos argumentos, la resolución ordenó al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia bonaerense adoptar de inmediato medidas para hacer efectiva la suspensión. La jueza Pascual también convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, donde las autoridades provinciales deberán detallar qué medidas ya implementaron, cuáles proyectan y en qué plazos piensan adecuar el sistema a las exigencias de la nueva normativa.