Salario mínimo: el gobierno descartó fijar un piso de $1.000.000
El Ejecutivo aclaró que no impondrá un piso obligatorio de $1.000.000 para el salario mínimo tras el fracaso del Consejo del Salario.
El gobierno nacional descartó establecer un piso obligatorio de $1.000.000 para el salario mínimo, vital y móvil, ya sea de forma directa o a través de la homologación de convenios colectivos. La aclaración llegó desde la Secretaría de Trabajo tras el fracaso de la reunión plenaria del Consejo del Salario, donde sindicatos y empresarios no lograron ningún acuerdo.
Qué dijo el gobierno sobre el salario mínimo vital y móvil
La Secretaría de Trabajo fue la encargada de despejar las dudas que circularon en los últimos días sobre una eventual intervención oficial en los pisos salariales. Desde esa cartera confirmaron que el Estado no impondrá un monto mínimo de $1.000.000 ni lo exigirá como condición para homologar convenios colectivos de trabajo. La aclaración apuntó directamente a desmentir versiones que habían tomado estado público tras el fracaso de la reunión plenaria del Consejo del Salario.
El Ministerio de Capital Humano también ratificó la postura oficial: no se retendrán acuerdos paritarios que no alcancen ese umbral ni se creará ningún mecanismo obligatorio para que los salarios lleguen a esa cifra. La estrategia del Ejecutivo es clara: no intervenir en las negociaciones entre privados y dejar que cada sector defina sus propias condiciones de recomposición salarial según su capacidad económica.
Fracaso del Consejo del Salario: qué pasó en la reunión plenaria
La reunión plenaria del Consejo del Salario del viernes pasado terminó sin acuerdo y con la retirada de las centrales sindicales. La CGT y las dos CTA rechazaron la propuesta presentada por las cámaras empresariales, que contemplaba un incremento del 1,8% en septiembre y aumentos mensuales del 1,7% a partir de octubre. Los gremios consideraron que esos porcentajes eran insuficientes frente al nivel de inflación acumulada.
Ante la falta de consenso entre las partes, el Poder Ejecutivo quedó habilitado para intervenir y fijar el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil mediante un laudo. Este mecanismo legal permite al gobierno establecer el monto de forma unilateral cuando el Consejo del Salario no logra arribar a un acuerdo dentro de los plazos estipulados. El valor actual del salario mínimo se ubica en $376.600, una cifra que los sindicatos consideran muy por debajo de la canasta básica.
La CGT rechazó la versión del piso de $1.000.000
La central obrera salió con fuerza a cuestionar la información que circuló sobre una supuesta sugerencia oficial para establecer un piso salarial de $1.000.000. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, calificó esa versión como una «operación de prensa» y negó que el gobierno hubiera realizado tal propuesta de manera formal durante las negociaciones. La declaración generó un nuevo cruce entre la central sindical y el Ejecutivo en un contexto de tensión creciente.
La CGT, por su parte, tiene sus propias demandas sobre la mesa. La central reclamó que el ingreso mínimo no quede por debajo de los $911.202 y que alcance los $993.300 en diciembre. Sola también cuestionó la postura del gobierno frente a las paritarias del sector privado con una frase que sintetiza la posición sindical: «Ya que actúan elevando el piso, debieran dejar de poner el techo», en referencia a la presión oficial para moderar los aumentos generales.
La estrategia oficial para contener la inflación salarial
Detrás de la postura del gobierno hay una lógica antiinflacionaria bien definida. El Ejecutivo busca evitar que los aumentos salariales generalizados se trasladen a los precios, lo que podría alimentar una nueva espiral inflacionaria. Por eso, la estrategia apunta a que cada sector negocie según su propia realidad económica, sin que el Estado fije pisos que funcionen como referencia universal para todas las actividades.
En ese marco, la sugerencia informal que trascendió durante las conversaciones del Consejo del Salario apuntaba a que empresarios y gremios revisaran las categorías salariales más bajas de sus respectivos convenios. Sin embargo, el gobierno fue explícito en aclarar que esa revisión no sería obligatoria ni condicionaría la homologación de los acuerdos. La decisión final, insistieron, queda en manos de cada sector productivo.
Qué implica el laudo del Ejecutivo para los trabajadores
Con el Consejo del Salario sin acuerdo, el gobierno deberá definir en los próximos días el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de un laudo. Este instrumento tiene un impacto directo sobre varios segmentos de la economía, ya que el SMVM funciona como referencia para:
Los trabajadores no registrados o en situación informal.
Las asignaciones familiares y prestaciones sociales vinculadas a ese índice.
Las categorías más bajas de convenios colectivos que toman el SMVM como piso.
Los trabajadores de casas particulares y otros sectores con menor poder de negociación sindical.
El monto que finalmente fije el Ejecutivo será clave para determinar cuánto se acerca o aleja el salario mínimo de las cifras que reclama la CGT. Con una brecha significativa entre los $376.600 actuales y los casi $1.000.000 que exigen los sindicatos, el laudo será un termómetro del rumbo que el gobierno quiere darle a la política salarial en el tramo final del año.
El debate salarial en el contexto económico actual
La discusión por el salario mínimo se da en un escenario donde la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores sigue siendo uno de los principales puntos de conflicto entre el gobierno, los sindicatos y el sector empresarial. Según datos oficiales, el salario real acumuló una caída significativa durante 2024, lo que explica la presión sindical por recomposiciones más agresivas.
El gobierno, en tanto, sostiene que la desaceleración de la inflación es la mejor política salarial posible a mediano plazo, y que los aumentos nominales elevados solo generan una ilusión de mejora que luego se licúa con nuevos incrementos de precios. Este enfoque choca con la urgencia de millones de trabajadores que ven cómo sus ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica, y que esperan que el laudo del Ejecutivo represente al menos un avance concreto en la recomposición de sus haberes.