YPF y Eskenazi: Milei busca investigación penal en EE. UU.
El gobierno de Milei gestiona ante Washington una causa penal contra la familia Eskenazi por su ingreso y salida de YPF para frenar juicios millonarios.
El gobierno de Javier Milei lleva adelante gestiones reservadas ante Estados Unidos para impulsar una investigación penal contra la familia Eskenazi y el Grupo Petersen por su participación en YPF. La estrategia busca demostrar irregularidades en la compra del 25% de las acciones de la petrolera estatal durante el kirchnerismo y, con ello, neutralizar las multimillonarias demandas civiles que pesan sobre Argentina en tribunales de Nueva York.
La ofensiva de Milei contra los Eskenazi por YPF
Funcionarios de primera línea del gobierno de Javier Milei mantuvieron reuniones reservadas con representantes de la administración de Donald Trump con un objetivo concreto: lograr que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abra una causa penal centrada en la adquisición de acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi y el Grupo Petersen. La información fue revelada por una investigación periodística del diario La Nación y confirmó que la Casa Rosada trabaja en una estrategia judicial de alcance internacional.
La mira del gobierno nacional apunta a esclarecer cómo fue el ingreso, la gestión y la posterior salida del Grupo Petersen de la petrolera estatal. En particular, la administración Milei busca determinar si existieron irregularidades o hechos de corrupción en la compra del 25% de las acciones de YPF que la familia Eskenazi concretó durante los años del kirchnerismo.
Estrategia judicial para frenar demandas en Nueva York
El objetivo central de esta ofensiva penal es de carácter defensivo para el Estado argentino: si se lograra demostrar que la adquisición de las acciones tuvo un origen fraudulento, esa evidencia podría convertirse en el argumento jurídico clave para congelar o directamente anular las demandas civiles que pesan sobre el país en los tribunales neoyorquinos. Se trata de juicios que, en su momento de mayor exposición, representaron una amenaza económica de proporciones históricas para Argentina.
La estrategia no es improvisada. Responde a un contexto judicial que, en los últimos meses, viró favorablemente para la posición argentina. La Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó una condena previa que obligaba al país a abonar una suma superior a los US$16.000 millones en concepto de indemnización por la estatización de YPF. Ese fallo de segunda instancia abrió una ventana de oportunidad que el gobierno de Milei decidió aprovechar con una estrategia más agresiva.
El respaldo previo del Departamento de Justicia de EE. UU.
La iniciativa argentina no parte de cero en Washington. El propio Departamento de Justicia estadounidense ya había emitido con anterioridad un memorándum en el que expresaba su apoyo a la solicitud de diversas organizaciones civiles argentinas que pedían una investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas durante la compra de las acciones de YPF. Ese antecedente institucional le otorga mayor viabilidad a las gestiones actuales del gobierno de Milei.
Este respaldo previo es significativo porque implica que la apertura de una causa penal en Estados Unidos no dependería exclusivamente de la voluntad política de la administración Trump, sino que ya existe un marco institucional que avala la investigación. Para la Casa Rosada, ese memorándum representa un punto de apoyo concreto en su estrategia de presión judicial internacional.
El rol del Grupo Petersen y los antecedentes del caso YPF
El Grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, adquirió el 25% de las acciones de YPF durante la presidencia de Néstor Kirchner y amplió su participación en años posteriores. La operación fue financiada en gran medida con dividendos futuros de la propia compañía, un esquema que generó controversias desde el inicio. Cuando YPF fue estatizada en 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Grupo Petersen ya estaba en proceso de quiebra, lo que derivó en las demandas civiles que hoy enfrenta el Estado argentino.
Los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos litigiosos de los acreedores del Grupo Petersen, son quienes llevan adelante las demandas en Nueva York. La condena original superaba los US$16.000 millones, aunque la Cámara de Apelaciones la revocó, dejando el caso en una instancia de revisión que aún no tiene resolución definitiva. En ese contexto de incertidumbre jurídica, el gobierno argentino apuesta a la vía penal como herramienta para cambiar la correlación de fuerzas en el litigio.
Implicancias políticas y diplomáticas de la maniobra
La decisión de involucrar al gobierno de Trump en una causa penal vinculada a YPF tiene implicancias que van más allá de lo estrictamente judicial. Supone una apuesta diplomática de alto riesgo: si la investigación prospera, Argentina podría obtener un alivio significativo en su exposición financiera internacional; si fracasa o genera rispideces con Washington, el costo político podría ser considerable. El gobierno de Milei, sin embargo, parece haber calculado que el escenario actual —con una relación fluida con la administración Trump— es el momento más propicio para intentar esta jugada.
La estrategia también tiene una dimensión interna. Al poner el foco en las presuntas irregularidades cometidas durante el kirchnerismo en la operación con los Eskenazi, el gobierno busca instalar una narrativa que responsabilice a la gestión anterior por la exposición judicial que hoy enfrenta el país. En ese sentido, la ofensiva penal en Estados Unidos funciona simultáneamente como herramienta jurídica y como argumento político de cara a la opinión pública argentina.
Próximos pasos en la investigación sobre YPF
Por el momento, no hay confirmación oficial de que el Departamento de Justicia estadounidense haya abierto formalmente una causa penal. Las gestiones descriptas se encuentran en una etapa de negociación y acercamiento diplomático, según las fuentes que relevó la investigación periodística. El resultado dependerá tanto de la voluntad política de Washington como de la solidez de los elementos que la Argentina pueda aportar para sustentar la denuncia.
Lo que sí está claro es que el gobierno de Milei ha decidido abandonar una postura meramente defensiva en el litigio por YPF y pasar a una estrategia de contraofensiva judicial internacional. Con una condena de más de US$16.000 millones revocada pero no descartada definitivamente, y con el Departamento de Justicia de EE. UU. como potencial aliado, Argentina juega una partida de alto voltaje cuyo desenlace podría redefinir uno de los conflictos legales más costosos de su historia reciente.