Causa AMIA: Rafecas procesó a ocho iraníes y libaneses por el atentado

El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses por su responsabilidad en el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994, y dispuso embargos de US$500 millones para cada uno. La resolución, de más de 600 páginas, avanza bajo el régimen de juicio en ausencia previsto por la ley 27.784, ya que los acusados permanecen prófugos fuera del país.

El expediente por el atentado a la AMIA sumó este mes un capítulo decisivo. El juez federal Daniel Rafecas firmó el procesamiento de ocho ciudadanos iraníes y libaneses considerados responsables del ataque que en 1994 destruyó la sede de la mutual judía en el barrio de Once. La resolución impone a cada uno de los acusados un embargo de US$500 millones y habilita el camino hacia un juicio oral que, por primera vez en esta causa, podrá desarrollarse aunque los imputados sigan fuera del alcance de la Justicia argentina.

El fallo tiene más de 600 páginas y reconstruye con detalle la logística del atentado. Según Rafecas, los responsables compraron una camioneta Renault Trafic el domingo 10 de julio de 1994, la acondicionaron y la cargaron con 300 kilos de amonal y TNT. La dejaron estacionada a cuatro cuadras del edificio de la AMIA y esperaron hasta la media mañana del lunes 18 de julio, cuando la explosión causó 85 muertos y 151 heridos.

El rol de la causa AMIA y el juicio en ausencia

La novedad procesal más relevante es la aplicación de la ley 27.784, que permite juzgar a acusados prófugos siempre que se les garantice un defensor. Este mecanismo, inédito en la causa AMIA, busca destrabar un proceso judicial que durante casi tres décadas quedó estancado por la falta de cooperación internacional para detener a los sospechosos, todos ellos residentes en Irán o vinculados a Hezbollah.

Rafecas sostuvo que la decisión política de ejecutar el atentado se tomó en agosto de 1993, en las máximas instancias del régimen iraní, y que la tarea operativa quedó en manos de Hezbollah, la organización proiraní con sede en El Líbano. Según el juez, el grupo armó una red de apoyo regional y local con base en la Triple Frontera, el área que comparten Ciudad del Este (Paraguay), Foz de Iguazú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina).

Los delitos imputados en el atentado a la AMIA

El fallo califica los hechos como homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de generar peligro común. También se incluye el delito de daño agravado por motivos discriminatorios, en referencia directa al ataque contra una institución judía.

Rafecas fue más allá de la tipificación penal local y calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad. Esa definición tiene consecuencias jurídicas concretas: implica que los delitos no prescriben y que la causa puede seguir su curso sin límite de tiempo, más allá de que los acusados no hayan sido detenidos.

Embargos millonarios y consecuencias patrimoniales

El embargo de US$500 millones fijado para cada uno de los ocho procesados representa una cifra sin comparación en la historia judicial argentina. Se trata de una medida cautelar sobre bienes que, en la práctica, resulta de difícil ejecución dado que los acusados no tienen activos identificados dentro del país ni con jurisdicción alcanzable.

De todos modos, la magnitud del monto tiene un valor simbólico dentro del expediente: refleja la dimensión del daño causado por el atentado, tanto en términos humanos como materiales, y busca dejar constancia formal de la responsabilidad patrimonial de cada uno de los señalados por la Justicia.

Qué sigue en la causa judicial

Con los procesamientos firmados, el expediente se encamina hacia la etapa de juicio oral. La ley de juicio en ausencia establece que, aunque los acusados permanezcan prófugos en el extranjero, el proceso puede continuar con la designación de defensores oficiales que representen sus intereses durante el debate.

Este mecanismo procesal es observado con atención tanto por organismos de derechos humanos como por la comunidad judía en Argentina, que durante años reclamó una salida judicial concreta frente a la inacción de los gobiernos de Irán y Líbano para entregar a los sospechosos. La resolución de Rafecas no cierra la causa, pero marca un avance procesal que llevaba años sin producirse.

El atentado a la AMIA y su impacto en la comunidad judía

El 18 de julio de 1994 quedó marcado como una de las peores tragedias sufridas por la comunidad judía en Argentina y en toda América Latina. El edificio de la AMIA, ubicado en la calle Pasteur, quedó completamente destruido por la explosión, que también afectó a construcciones vecinas y provocó daños que se extendieron por varias cuadras a la redonda.

A casi 31 años del ataque, la causa AMIA sigue siendo uno de los expedientes más complejos de la Justicia federal argentina, marcado por denuncias de encubrimiento, jueces removidos y una investigación que atravesó distintos gobiernos sin lograr que ninguno de los acusados llegara a pisar un tribunal argentino.