Fate: la Justicia ordenó desalojar la fábrica ocupada por SUTNA

La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar el predio de Fate en Virreyes, San Fernando, ocupado desde febrero por trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático. La resolución llega siete meses después del cierre de la planta y el despido de 920 empleados, y reabre la tensión entre el gremio y la empresa.

La Sala 2 de la Cámara de San Isidro hizo lugar al recurso presentado por los dueños de Fate y resolvió ordenar la restitución del inmueble al particular damnificado. El tribunal consideró que las instancias de conciliación laboral, tanto a nivel nacional como bonaerense, ya concluyeron y que la ocupación del predio dejó de tener utilidad para destrabar el conflicto.

El fallo aclaró un punto central: la restitución del inmueble no implica ninguna definición sobre el fondo de la disputa laboral. Los jueces separaron expresamente la cuestión de la propiedad del predio de los reclamos por indemnizaciones y compensaciones, que según el tribunal exceden el ámbito de la Justicia penal.

Por qué cambió la postura judicial sobre el desalojo de Fate

La Cámara ya se había expedido en marzo, cuando revocó una orden de restitución anterior. En ese momento, los jueces entendieron que debía priorizarse la negociación laboral y que la Justicia penal no debía intervenir mientras siguieran abiertas las instancias de conciliación entre el gremio y la empresa.

Esa situación, según el nuevo fallo, ya cambió. La conciliación obligatoria a nivel nacional había arrancado el 18 de febrero y, tras una prórroga de cinco días, venció el 18 de marzo. Ese mismo día se abrió una instancia en la provincia de Buenos Aires, prorrogada hasta el 21 de abril, fecha en la que quedó cerrada de manera definitiva.

Los números del conflicto en la fábrica de neumáticos

Fate incorporó al expediente una certificación contable que muestra el impacto del cierre sobre la planta de personal. Según ese documento, entre febrero y mayo se dieron de baja 900 empleados ante ARCA, hasta llevar a cero la dotación de trabajadores en relación de dependencia.

De los 920 despidos anunciados el 18 de febrero, la empresa sostuvo que 196 empleados no aceptaron acordar su desvinculación y debieron ser despedidos de forma directa, mientras que el resto extinguió el vínculo laboral por decisión propia. La Cámara también señaló que hay 24 personas imputadas por la ocupación del predio, un número muy inferior al total de trabajadores que perdieron su puesto.

El argumento judicial detrás del desalojo de la planta

Para los camaristas, después de siete meses de conflicto y con las instancias de conciliación ya agotadas, la permanencia de un grupo de empleados en la fábrica perdió sentido como herramienta de presión. El fallo sostiene textualmente que la ocupación "ya ha perdido la virtud de convertirse en el motor de una reapertura de la fábrica", incluso reconociendo que se trata de un reclamo sostenido con escasa violencia y de buena fe.

El tribunal remarcó además que, al momento del desalojo, deberán aplicarse protocolos y medidas de cuidado para reducir riesgos para las personas que ocupan el predio. La notificación judicial fue dirigida a Alejandro Crespo, secretario general de SUTNA.

La reacción del sindicato frente a la orden de desalojo

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático calificó la resolución como "aberrante" y llamó a reforzar la presencia de trabajadores en la planta de Virreyes. El gremio convocó además a un abrazo simbólico y una conferencia de prensa en la puerta de la fábrica.

Fate, en su presentación judicial, sostuvo que quienes permanecen en el predio ya no son empleados de la compañía y planteó que existe riesgo por la imposibilidad de garantizar la seguridad del inmueble ocupado. La empresa había pedido el lanzamiento de los ocupantes como parte del mismo expediente que ahora resolvió la Cámara.

El origen del cierre de Fate y los despidos masivos

El conflicto arrancó el 18 de febrero, cuando Fate anunció el cierre de su planta en Virreyes y el despido de 920 trabajadores. La empresa, controlada por la familia Madanes Quintanilla, llevaba más de 80 años de actividad ininterrumpida en la fabricación de neumáticos.

La compañía justificó el cierre por el deterioro de las condiciones de mercado y la pérdida de competitividad frente a la importación de cubiertas, especialmente de origen chino. También mencionó los costos locales, la caída de la demanda interna, las dificultades para sostener las exportaciones y los conflictos gremiales con SUTNA como factores que llevaron a la decisión. El sindicato, por su parte, consideró desde el inicio que se trató de un lockout patronal ilegal, lo que motivó la toma de la fábrica que ahora la Justicia ordenó desalojar.