SLB confirma que no operará en Malvinas tras el nuevo decreto de Javier Milei

SLB, la compañía de servicios petroleros más grande del planeta, confirmó que no tomará parte en ninguna actividad vinculada a Malvinas. La definición llega horas después de que Javier Milei anunciara, en cadena nacional, un endurecimiento de las sanciones contra empresas extranjeras que operen en el archipiélago disputado con Reino Unido.

La firma, con sede en Estados Unidos y presencia en cien países, difundió un comunicado en el que fijó postura frente al nuevo esquema de sanciones impulsado por el Gobierno argentino. Según explicó, la empresa no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos que las rodean.

El texto de SLB fue categórico: «SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes». La definición se conoció apenas un día después del mensaje presidencial y se apoya de manera explícita en la normativa publicada por el Poder Ejecutivo este viernes.

El decreto que endurece las sanciones en Malvinas

La decisión de SLB se sustenta en el Decreto 868/26, publicado en el Boletín Oficial y que apunta directamente a quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos correspondientes. La norma amplía el esquema de sanciones que Argentina viene aplicando desde hace años a las empresas vinculadas a la exploración y explotación de petróleo y gas en el archipiélago.

Entre sus puntos centrales, el decreto exige una declaración jurada de cumplimiento de esta ley como requisito para acceder a beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), además de permisos, concesiones o habilitaciones dentro del territorio nacional. Es decir, cualquier compañía que quiera operar en Malvinas sin permiso argentino queda automáticamente excluida de los beneficios que ofrece el régimen.

Milei y el anuncio en cadena nacional sobre Malvinas

El anuncio de SLB se produce en el marco de un mensaje presidencial emitido el jueves por cadena nacional, donde Milei comunicó el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que desarrollen actividad hidrocarburífera en las islas. La medida se enmarca en la política histórica de Argentina de reclamar soberanía sobre el archipiélago, ocupado por Reino Unido desde 1833.

El mensaje presidencial se dio en un contexto de fuerte impulso a las inversiones energéticas en Vaca Muerta y otros yacimientos, donde el Gobierno busca atraer capitales a través del RIGI. La estrategia oficial combina el fomento a la inversión extranjera en territorio continental con sanciones más duras para quienes operen en Malvinas sin permiso argentino.

Qué es el RIGI y por qué es determinante

El RIGI es el régimen que el Gobierno nacional diseñó para atraer inversiones de gran escala en sectores como energía, minería e infraestructura, con beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros para los proyectos que superen determinados montos. Para muchas petroleras internacionales, acceder a este régimen resulta clave a la hora de decidir en qué países y regiones invertir.

Al condicionar el acceso al RIGI a la firma de una declaración jurada sobre Malvinas, el decreto obliga a las empresas a elegir: operar en el archipiélago bajo licencias británicas o mantener la puerta abierta a los beneficios del régimen argentino. Para una compañía del tamaño de SLB, con operaciones en cien países, la ecuación parece haberse resuelto rápido a favor de Argentina.

Antecedentes de la disputa por los hidrocarburos en Malvinas

La explotación de hidrocarburos en la plataforma marítima que rodea las Islas Malvinas es un punto de fricción constante entre Argentina y Reino Unido desde hace más de dos décadas. Distintas administraciones nacionales aplicaron sanciones a empresas que operaron bajo licencias británicas en la zona, apuntando tanto a firmas de exploración como a proveedoras de servicios logísticos y técnicos.

SLB no es una petrolera productora, sino una proveedora de servicios técnicos para la industria del petróleo y el gas, un segmento que incluye perforación, sísmica y tecnología para yacimientos. Su decisión de retirarse de cualquier proceso vinculado a Malvinas marca un antecedente relevante, dado el peso de la compañía en el mercado global de servicios petroleros.

Qué puede pasar con otras empresas extranjeras

El comunicado de SLB abre un interrogante sobre el comportamiento de otras firmas del sector que operan tanto en Argentina como en el archipiélago. El nuevo decreto establece un marco de sanciones que podría replicarse en decisiones similares de otras compañías con intereses en el RIGI o en proyectos de gran escala dentro del país.

Por ahora, el caso de SLB es el primero conocido públicamente tras la entrada en vigencia del Decreto 868/26. La noticia sigue en desarrollo y resta conocer si otras empresas de servicios petroleros o exploración adoptan una postura similar frente a la nueva normativa argentina.