Presupuesto 2027: gasto total, inflación, superávit y distribución de recursos

El proyecto de Presupuesto 2027 ingresó al Congreso de la Nación con un gasto total proyectado de $202,10 billones, un 36,5% más que en 2026. El texto, enviado por el Poder Ejecutivo, define cómo se repartirán los recursos entre universidades, jubilaciones provinciales, servicios sociales y el pago de la deuda pública durante el próximo ejercicio.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 quedó formalmente en manos de los legisladores, que ahora deberán discutir cifra por cifra un texto que fija en $202,10 billones el gasto total del Estado nacional para el año próximo. La comparación nominal con los $148,07 billones previstos en el Presupuesto 2026 arroja un salto del 36,5%, pero ese número esconde una realidad distinta cuando se lo mide con la inflación.

Si se toma como referencia la inflación interanual de agosto de 2026, que fue del 33,5% según el Indec, el aumento real del gasto queda reducido a apenas 2,2%. El cálculo no usa la proyección oficial de inflación para 2027, que el Gobierno estima en 21,1%, sino el último dato ya registrado, lo que permite comparar el poder de compra real entre ambos presupuestos. El propio organismo estadístico había marcado que la inflación de agosto fue del 1,7% mensual, el registro más bajo para ese mes desde 2017.

Un superávit fiscal con menos margen

El resultado financiero es uno de los puntos que más atención concentra en la discusión del Presupuesto 2027. El superávit previsto crece apenas 9% en términos nominales, pero cuando se descuenta la inflación la caída real llega al 18,4%.

Esa pérdida de poder adquisitivo se refleja en la proporción del superávit sobre el gasto total: pasa de representar el 0,153% en 2026 al 0,122% en 2027. La regla de mantener un resultado financiero equilibrado o superavitario sigue en pie, pero el margen con el que se cumple se estrecha.

Cómo se reparte el gasto entre las áreas del Estado

El análisis por finalidad muestra comportamientos muy dispares. Los Servicios Sociales son la única gran área con un crecimiento real relevante, del 6,1%, y pasan a concentrar el 74,7% del gasto total proyectado, frente al 71,9% del presupuesto anterior.

En Defensa y Seguridad la variación real es casi nula, con una suba estimada de apenas 0,5%. La Deuda Pública, en cambio, crece 31,8% en pesos pero queda prácticamente estable en términos reales, con una variación de -1,3%. Administración Gubernamental y Servicios Económicos muestran el fenómeno inverso: aumentan en pesos corrientes (12% y 14,5% respectivamente) pero caen en poder adquisitivo, 16,1% y 14,2% real.

El salto en las cajas previsionales provinciales

El cambio más pronunciado de todo el proyecto aparece en las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales, que registran un incremento del 310% nominal y del 207% real. Ninguna otra partida se acerca a esa magnitud.

Estos fondos corresponden a los anticipos que Anses gira a las provincias que conservaron sus propios regímenes previsionales, entre ellas Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. El salto abre un interrogante que todavía no tiene respuesta oficial: si responde a una mayor necesidad de financiamiento de esos sistemas o al reconocimiento de obligaciones acumuladas.

Universidades: financiamiento por encima del promedio

El presupuesto de las universidades nacionales también se destaca dentro del proyecto. La partida sube 53,6% en términos nominales y 15% en términos reales, muy por encima del 2,2% real que crece el gasto total.

El dato llega en medio del conflicto que las universidades mantienen con el Gobierno nacional por financiamiento y salarios. Sin embargo, el aumento presupuestario no garantiza una recomposición salarial equivalente: el articulado establece que los incrementos para docentes y no docentes durante 2027 se calcularán sobre las plantas vigentes a noviembre de 2026, salvo ampliaciones autorizadas por el Ministerio de Capital Humano.

Pensiones graciables y empleo público bajo la lupa

El proyecto mantiene congelado el requisito patrimonial para acceder a la prórroga de las pensiones graciables. El límite de valuación fiscal del inmueble sigue en $8,4 millones, el mismo valor que regía en el Presupuesto 2026.

Con una inflación interanual del 33,5%, ese congelamiento nominal implica un requisito cada vez más restrictivo: un inmueble puede superar el tope durante 2027 solo por el efecto de la actualización de su valor de mercado. En paralelo, continúa el esquema de restricciones para cubrir cargos vacantes en el Estado, con excepciones para Fuerzas Armadas y de Seguridad, salud, servicio exterior y casos derivados de sentencias judiciales firmes.

Endeudamiento y el capítulo de discapacidad

El texto incorpora la autorización para emitir Letras del Tesoro por hasta $72 billones, además de otros instrumentos de deuda por hasta $15 billones adicionales hacia fin de año. También destina fondos puntuales al pago de deudas previsionales reconocidas judicialmente:

• $1,36 billones para retroactivos del SIPA

• $475.766 millones para retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

El proyecto suma además un capítulo sobre discapacidad. Los artículos 36 al 41 modifican el esquema vigente y fijan que la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral será equivalente al 70% del haber mínimo, con la particularidad de que se establece su incompatibilidad con el empleo formal.

El debate que ahora empieza en el Congreso

Con el ingreso formal del proyecto, los legisladores deberán analizar no solo el monto global de recursos y gastos sino la distribución entre áreas y las reglas específicas que propone el Poder Ejecutivo. La comparación con el Presupuesto 2026 muestra un incremento nominal alto pero mucho más acotado en términos reales.

En paralelo aparecen subas muy marcadas en partidas puntuales, como las cajas previsionales provinciales y las universidades, mientras otras áreas caen en poder adquisitivo pese a mostrar números positivos en pesos corrientes. El resultado fiscal, el financiamiento universitario, el empleo público y el nivel de endeudamiento quedan entre los puntos centrales que deberán resolver los legisladores en las próximas semanas.